En política no hay coincidencias y por eso no puede ser casual que por un lado se haya colocado a la diputada Yenifer Paredes (Juntos por el Perú), la cuñada-hija del golpista Pedro Castillo, al frente de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara Baja; y de otro lado haya salido un colega suyo de bancada, Marino Lavado, a cuestionar la presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía en Pataz, bastión de la extracción ilegal y de toda la delincuencia que se mueve a su alrededor.
Si había sospechas de que Juntos por el Perú es el brazo político de la minería ilegal, ahí están estos dos hechos concretos que refuerzan esa hipótesis, pues cualquier eventual ampliación de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) u otro beneficio para los extractores que operan al margen de la ley, tiene que pasar por el grupo de trabajo que preside una diputada que no tiene la más mínima idea de lo que se trata en esa comisión que siempre ha sido eminentemente técnica.
Pero igual de escandaloso es que el diputado Lavado haya optado por fustigar el trabajo que hacen militares y policías en Pataz desde el gobierno de Dina Boluarte, y que este mismo legislador del partido de Roberto Sánchez sea el promotor de la interpelación al ministro de Defensa, Rafael Belaunde, por la presencia de las tropas en esa zona de la sierra de la región La Libertad que es uno de los principales focos de violencia generada por la explotación de minerales al margen de la ley.
Si Lavado quiere que los militares y policías se retiren para que la minería ilegal y los delincuentes que usan fusiles y explosivos hagan lo que les dé la gana, que mejor lo diga abiertamente en lugar de andar con interpelaciones y rodeos, o afirmando sin evidencias que las fuerzas del orden cometen abusos contra la población civil, y que por eso deben irse. Si esto viene sucediendo, lo cual sería muy grave, es momento que el legislador formule las denuncias respectivas ante el Ministerio Público.
Ciudado con el retorno de la “Chota Nostra”, que es la alianza del castillismo y la izquierda con la corrupción, el reparto de cargos públicos a cambio de dinero, el direccionamiento de obras y la cooperación con economías ilegales, la cual estuvo activa incluso desde el gabinete ministerial. ¿Recuerdan al prófugo Juan Silva y a Geiner Alvarado? Ya lo padecimos hace cinco años, y hoy parece de vuelta con el blindaje a la minería al margen de la legalidad desde la Cámara de Diputados.