La relación bilateral boliviano-chilena está dominada por su carácter judicializado en la Corte Internacional de Justicia y este escenario ha llevado a que no puedan exonerarse de mantener una vinculación difícil, imperando los roces y las tensiones de diversos calibres. No debería serlo porque llevar sus controversias al órgano judicial de la ONU, más bien debería constituir una manifestación de la buena voluntad de las partes por resolver sus diferencias mediante un mecanismo de solución pacífica de controversias como es La Haya, eminentemente jurisdiccional. Cuando en la fecha La Paz para presentará su réplica -pieza escrita del demandante en que suele responder los argumentos del demandado, formulados en la contramemoria chilena-, sucede que recientemente dos militares y siete funcionarios de aduanas de frontera, de nacionalidad boliviana, fueron detenidos, lo que para La Paz califica de una completa agresión. Contextos como este han sucedido en el pasado entre ambos países que, por cierto, no mantienen relaciones diplomáticas desde 1978, luego de la frustrada pretensión boliviana de ilusionarse con una salida al mar que Chile le había prometido infundadamente (Abrazo de Charaña -1975- entre Hugo Banzer y Augusto Pinochet, presidentes de Bolivia y Chile, respectivamente). Actualmente, La Paz y Santiago mantienen dos procesos judiciales en marcha, que están marcando la relación entre ambos países: el primero, en que Bolivia le pide a la Corte que obligue a Chile a que negocie una salida al mar con soberanía para La Paz, y el segundo, donde más bien Santiago, en una extraña posición de demandante, inquiere al tribunal de la ONU para que declare al Silala -de incuestionable origen y de curso natural boliviano- como un río de aguas internacionales. Falta mucho para ver resultados y no existe ni idea de la cuerda separada. Sin duda, un futuro bilateral complejo que debemos observar.

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