El reciente asilo político de Nadine Heredia en Brasil y su aceptación sin reservas por el gobierno peruano ha instaurado un precedente jurídico-político de notable trascendencia. En primer lugar, la aquiescencia del gobierno peruano ante la decisión de Brasil sugiere una profunda preocupación sobre la integridad del sistema judicial peruano, no solo en este caso, sino de forma y fondo en general. Se deduce una admisión de que el Poder Judicial podría estar permeado por influencias ideológicas, políticas y de facciones, que comprometen su imparcialidad. En otras palabras, el gobierno reconoce una politización de la justicia. Adicionalmente, se observa que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial han incurrido en interpretaciones constitucionales que exceden los límites establecidos y han omitido resoluciones del Tribunal Constitucional. Consecuentemente, esta actuación ha generado un escenario de imprevisibilidad jurídica.

Más aún, el asilo concedido a la señora Heredia plantea la posibilidad de que cualquier proceso contra figuras políticas, incluyendo a la propia presidenta, sea percibido como contaminado por sesgos ideológicos y abre la puerta para que individuos que se sientan perseguidos por una justicia parcializada recurran a este mecanismo. Urge una reforma del sistema judicial. Para ello, se requiere la eliminación de aquellos elementos que distorsionan el rol de la justicia y su función como garante del equilibrio social y la convivencia pacífica. Es crucial fortalecer la independencia del Poder Judicial mediante la designación de jueces y fiscales basados en mérito y capacidad, y no con base a afinidades ideológicas. La restauración de la confianza pública en el sistema judicial es esencial para la estabilidad democrática y el Estado de derecho.