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Todo cambio o reforma tiene promotores y detractores. Quienes están a favor se adecuan a la innovación y se encaminan en procesos con tiempos estipulados, empero otros ponen trabas o piedras en el camino para quedarse detenidos, pensando solo en lucrar por un servicio que al final no responde a la calidad que se exige como a cualquier otro negocio. Desde que se puso en marcha, contra viento y marea, la Ley N° 30220, Ley Universitaria, la misma que es necesaria y podía ser perfectible desde su aprobación en ciertos artículos, han existido intereses de querer tumbarse la misma, sin pensar en lo que realmente busca: optimizar y mejorar la enseñanza en las universidades del país, sean privadas o públicas, las mismas que hoy deben cumplir una serie de exigencias para brindar dicho servicio.

El licenciamiento al que deben aspirar estos centros de estudios superiores y exigidos por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) es obligatorio, de ahí que 116 ya fueron evaluados y 30 alcanzaron su certificación, número interesante y que responde a la demanda por estudios en este nivel.

Anterior a esta ley, se promulgó la Ley 29971 que prohibía la creación de nuevos centros, la misma que requiere ser ampliada en su vigencia, de lo contrario volveremos a registrar una proliferación de instituciones sin que cumplan con la calidad de enseñanza.

No es momento para nuevas universidades, es momento para seguir trabajando en optimizar la calidad educativa para el futuro del país y pensando en el 2021.