Estuve participando como expositor hace dos noches, junto a los renombrados economistas Carlos Adrianzén y Guido Pennano, en un evento organizado por la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para tratar sobre la posibilidad de cambio de Carta Magna que el actual gobierno está promoviendo.

La idea era enfocar el tema desde la perspectiva de la historia económica y fue muy interesante la dinámica que se armó. Lo suficiente, al menos, para que más de trescientos asistentes al evento, muchos de ellos bastante jóvenes, prefirieran participar de este debate a la misma hora que Perú jugaba un trascendental partido de fútbol con Argentina en Buenos Aires

Lo más saltante fue que se puso el asunto del cambio institucional en perspectiva histórica, lo que hizo notar que hay demasiadas falacias y demagogia detrás de este pedido de cambio constitucional. De hecho, parece estar albergando otra clase de propósitos.

Al final, la principal conclusión fue que mucho de lo que se quiere hacer se puede ya hacer con la actual Constitución y que cambiarla solo obedecería a intentos por legitimar un régimen totalitario en el poder, no amparado en mayorías que cambian en el tiempo.

La segunda conclusión primordial, que lo peor que puede sucederle a la Constitución es convertirse en una lista de deseos y de repartijas a grupos, cuando su función es defender los fueros individuales de otros individuos y de la angurria y voracidad del propio Estado. Algo, que viene nada menos que desde el contractualismo seminal de Thomas Hobbes, que precedió en más de una centuria al célebre contrato social popularizado por Rousseau.

Y si cabe una tercera, que las Constituciones importan para albergar regímenes económicos que hagan desarrollar a los países. Por eso es que los cambios constitucionales son demasiado importantes para dejarlo solo en manos de los constitucionalistas. Los economistas, sin duda, tienen mucho que decir también.