La Constitución de 1993 es la última después de once constituciones reales y efectivas, desde 1823. Esta le sigue en longevidad a la que proclamó Ramón Castilla en 1860, la cual duró 60 años al ser cambiada por Leguía en 1920.
Para conocimiento, la Constitución de 1993 estuvo amenazada de ser derogada en los gobiernos de Paniagua y Toledo. Fue una pérdida de tiempo asombrosa con debates interminables, donde nunca se obtuvo consenso alguno. Sin embargo, es fundamental saber que la Constitución del 93 –por obra del Congreso– tuvo más de 20 cambios o modificaciones importantes desde su proclamación. Entre las más relevantes podemos citar: eliminación de la reelección inmediata del presidente, congresistas, gobernadores y alcaldes, modificación del capítulo 14, sobre la descentralización (tema inconcluso aún), voto de las FFAA y PNP, acceso al agua como derecho constitucional, y otras.
Como podemos apreciar, es viable y necesario, en muchos casos, modificar la Constitución, siempre y cuando estos cambios contribuyan al mejor funcionamiento del Estado. Tanto el artículo 32 y el 206 de la Constitución norman las reformas constitucionales. Estas modificaciones deben darse estrictamente en el seno del Legislativo. La Constitución lo establece y para eso tenemos al Poder Legislativo. Incluso, el Título III, Régimen Económico, podría ser observable en algún aspecto. Sin embargo, si vemos los indicadores económicos alcanzados con la Constitución del 93 comparados con la del 79, no quedan dudas cuál fue mejor para el país.
La Constitución es la ley fundamental, es la base del ordenamiento jurídico peruano. De sus principios se desprenden todas las leyes de la república. No se puede –ni se debe– pretender cambiarla solo como “grito de guerra”. Ya está bastante agitado el escenario político, como para blandir algún tipo de populismo, ese populismo que juega perversamente con la necesidad del pueblo fuera de toda razón o lógica.
El Congreso de la República tiene grandes retos por delante, en sus tres funciones generales: legislar, representar y fiscalizar. Las modificaciones a nuestra Constitución, tendrán que ser enfrentadas con absoluta responsabilidad, en el marco del debate democrático y plural, eso esperamos.