En plena segunda ola del coronavirus, el gobierno no articula respuestas oportunas y rápidas que brinden atención a los ya infectados, y a los que se enfermen en los próximos días.

La experiencia de meses anteriores se dejó de lado, no hay una adecuada atención primaria, el despistaje descendió en un 50%, se desarticularon hospitales de campaña, y se abandonó la instalación de camas UCI y la capacitación de especialistas. También se obvió instalar plantas de oxígeno en Lima y otras regiones.

Enfrentamos un incremento exponencial de enfermos, crecen las colas por oxígeno, los reclamos porque no hay camas hospitalarias, la desesperación y la angustia ante la inacción del gobierno.

Continuamos batallando en medio de carencias y la indignación crece al ver cómo un grupo reducido de intereses continúan haciendo de la salud pública un negocio. Las clínicas privadas con tarifas exorbitantes entre 10,000 hasta 30,000 soles diarios; el monopolio del oxígeno elevando el precio del metro cúbico en plena emergencia; las cadenas oligopólicas de farmacias incrementando, por ejemplo, el precio de las mascarillas el que de menos de 50 centavos ya bordea los 2 soles la unidad.

El Estado debe frenar estos abusos, pero quienes nos gobiernan siguen creyendo en la inexistente libertad de mercado, porque los que manejan nuestra economía, los dueños del Perú, son oligopolios y monopolios de leche, fideos, azúcar, aceite, también medicinas y servicios de salud, entre otros.

Es necesario cambiar, cambiar de gobierno, de gobernantes y de Constitución, construyendo un nuevo pacto social que permita avanzar en que los ciudadanos ejerzan realmente sus derechos.