Cifras que preocupan pero que son realidad: 102 alcaldes y exalcaldes provinciales están procesados por actos de corrupción en el manejo de recursos, 428 alcaldes y exalcaldes distritales también, más de 20 gobernadores y exgobernadores en similar situación. Gran parte de ellos cumplen prisión y otros en calidad de no habidos. Este número se incrementará por las denuncias que hay sobre dichas autoridades y que se conoce de a pocos. Así precisa un reciente informe de Proética en base a reportes del Poder Judicial que trata estos casos.

A diario la ciudadanía se informa sobre actos de corrupción en los cuales están implicados nuestros gobernantes locales, regionales y de gobierno central, en su mayoría por desfalco, malversación o apropiación ilícita de recursos públicos. La población se pregunta ¿qué pasa, las acciones de control están fallando ante tantos ilícitos que cometen sus gobernantes?

Queda claro que el seguimiento y fiscalización en el manejo de recursos públicos no funciona, de ahí que buen número de personas que ocupan cargos públicos incurren en faltas en el cumplimiento de sus funciones.

Urgen cambios y como precisa el contralor de la República, Nelson Shack: “El 91% de los municipios no tienen una oficina de control, se supone que este sistema detecta un hecho irregular, pero en el país ese tipo de cosas se conocen más por denuncias o por la prensa”.

Se requieren cambios de inmediato y el Congreso debe preocuparse en modificar las normas sobre el trabajo que debe cumplir Contraloría para que sea más productiva,

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