Pienso, como muchos, que el modelo económico y social diseñado en la Constitución de 1993 está agotado. Si bien nuestra economía creció y disminuyó la tasa de pobreza, se ha debilitado el Estado, han aumentado las desigualdades, la corrupción y la inestabilidad política, debilitado la confianza en la política y en instituciones del Estado, además de resquebrajarse el equilibrio de poderes, problemas que saltaron a la luz por la crisis sanitaria ante el COVID 19 y la crisis económica resultante.

Elegimos al presidente Pedro Castillo en medio de una gran polarización social, porque una propuesta fue cambiar o modificar sustancialmente la Constitución de 1993, y ahora corresponde precisar cuáles son esos cambios necesarios.

La Constitución de 1979 señalaba: “La planificación una vez concertada es de cumplimiento obligatorio” (Art. 111). La de 1993 ni la menciona, pese a su importancia. Toda economía se planifica, desde la economía familiar, la empresarial, ¿Por qué no la del país?

Planificar significa establecer una perspectiva estratégica del país que queremos, establecer los objetivos necesarios para ello e, inmediatamente, formular las políticas, programas y proyectos para conseguirlos.

La planificación requiere el involucramiento y participación de los actores regionales y locales, por lo que adquiere componentes democráticos en su ejecución y también sostenibilidad.

Una preocupación creciente es la generación de empleo. Para ello necesitamos una mirada descentralista, evaluar posibilidades, recursos y potencialidades que permitan dinamizar la economía, sin que la población migre constantemente por falta de oportunidades. Los recursos económicos necesitan redistribuirse de la mejor manera y para ello se planifica cuánto, cómo, dónde y cuándo invertir.

Se necesita restablecer la planificación en nuestra Constitución Política.