La primera regla que debe cambiar para las próximas elecciones debería ser una prohibición de que los prófugos y privados de su libertad puedan ser candidatos a cargos públicos, a fin de no ser testigos se situaciones surrealistas y vergonzantes como la del evadido de la justicia Vladimir Cerrón, quien está tratando de ser presidente desde la clandestinidad.

Ya en el 2016 el país fue testigo de la postulación del exgobernador regional de Cajamarca, Gregorio Santos, quien el día del debate de los candidatos tuvo que ser sacado con policías del penal donde se encontraba cumpliendo prisión preventiva por presuntos actos de corrupción que más tarde fueron confirmados en una sentencia. Una vergüenza para todos los peruanos.

Además, en el supuesto negado de que Cerrón gane la elección y se convierta en presidente ¿qué va a pasar? ¿Se le dará inmunidad? Por eso, deberían quedar excluidos quienes no gocen de libertad. Está bien, todos tienen derecho a ser elegidos si no hay condena en su contra, pero un principio básico de quien aspira a ser autoridad es respetar las decisiones del Poder Judicial, además de estar en condiciones, al menos, de ir a trabajar.

Los legalismos que van más allá de la lógica y el sentido común, no pueden favorecer a prófugos y privados de su libertad. El Perú no puede ser nuevamente objeto de burla. ¿Se imaginan cómo nos verán afuera por tener a un candidato prófugo desde hace dos años y medio, y haciendo campaña vía Zoom desde su escondite?