Candidato prófugo

Hay cosas que solo pueden suceder en el Perú, como que el prófugo promotor de unos violentos desmanes antimineros que provocaron millonarias pérdidas al Estado en el año 2011, Walter Aduviri Calisaya, haya sido admitido por el Jurado Electoral Especial de Puno para postular al respectivo gobierno regional pese a tener una sentencia vigente de siete años de prisión y a encontrarse prófugo de la justicia desde hace varios meses.

Recordemos que en diciembre pasado la Corte Superior de Justicia de Puno condenó a Aduviri por el llamado “Aimarazo”, que fue una revuelta destinada a impedir la puesta en marcha del proyecto minero Santa Ana, que contaba con todas las autorizaciones dadas por el Estado. Incluso, en medio de los desmanes fue incendiado un almacén de vehículos de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

Este es uno de los pocos casos en que la justicia peruana se ha puesto los pantalones y ha dado pena de cárcel al cabecilla de unos desmanes, a diferencia de otras situaciones similares en que aquellos que queman llantas, bloquean carreteras, y dificultan el trabajo de miles de personas, gozan de total impunidad. Sin embargo, eso no ha sido suficiente para sacar de carrera a Aduviri y sentar por fin un precedente.

Pese a la sentencia en primera instancia, las autoridades electorales de Puno han tenido que admitir la postulación del revoltoso prófugo, en vista de que hasta el momento la Corte Suprema no resuelve un recurso de casación presentada el mes pasado. La demora está haciendo que los puneños tengan entre los aspirantes a encabezar su gobierno regional a un personaje que en estos momentos debería estar en la cárcel.

Con unas normas que permiten que gente como Aduviri postule a un cargo público, pese a sus delictivos y peligrosos antecedentes, no vamos a ninguna parte. Tanto se ha hablado en los últimos años sobre reformar la ley electoral para que al final se siga dando luz verde a elementos que nada bueno podrían ofrecer a los ciudadanos. ¿Dónde está el Congreso para acabar con esta aberración que hace que hasta los prófugos puedan ser gobernadores o alcaldes?