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El acceso al cannabis medicinal, como parte del derecho a la salud y a una vida digna, es aún un proceso inacabado en nuestro país. El consenso mínimo generado por la valiente lucha de las madres de los pacientes dio a luz una legislación que permitió avanzar con el reconocimiento de su valor medicinal y contribuyó a desmontar los prejuicios existentes. Sin embargo, la ley no pudo satisfacer muchas de las legítimas expectativas que están a la espera de una segunda etapa.

La fase reglamentaria de la ley aprobada aún no ha concluido, pues si bien es cierto su reglamento fue publicado en febrero, resta todavía que se aprueben las regulaciones que permitirán el otorgamiento de licencias para el cultivo, producción y comercialización del cannabis medicinal. Los plazos para que los Ministerios de Salud, Agricultura e Interior emitan estas disposiciones ya han vencido, con lo cual los pacientes que necesitan el cannabis medicinal no tienen más chance que recurrir a mercados informales, donde se comercializan productos sin ningún control o seguridad.

Por lo tanto, es indispensable que el Ministerio de Salud lidere la continuación de este proceso hasta concretar el acceso seguro al cannabis medicinal. Para estos fines, sería importante que al igual que en el proceso de reglamentación, esta entidad asuma la rectoría de una comisión multisectorial que consulte y debata con profesionales, asociaciones de pacientes y empresarios. Todo ello, con el objetivo de que se aprueben los esperados reglamentos en el menor tiempo posible. En paralelo, desde el Parlamento impulsaremos una norma para complementar la regulación ya vigente en favor de los pacientes.