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Con la salida de prisión del asesino terrorista Osmán Morote y su envío a un cómodo arresto domiciliario, pese a que afronta un proceso por el atentado en la calle Tarata, nuestro sistema judicial y el Estado en general han demostrado que jamás estuvieron a la altura de lo que la sociedad les exigió en su momento para castigar a los salvajes que desde 1980 nos quisieron imponer su “revolución” a punta de balas, dinamita y 30 mil muertos cuyos deudos aún no dejan de llorarlos.

Acá no miremos solo a los jueces que han excarcelado al ex número dos de la banda y a su secuaz Margot Liendo, sino también a la Fiscalía que no ha sabido investigar y acusar a tiempo, al Congreso del pasado que nada hizo y a gobiernos como los de Valentín Paniagua y de Alejandro Toledo que actuaron con suavidad ante los terroristas, obsesionados en desmotar todo lo hecho por Alberto Fujimori, que en materia de lucha contrasubversiva actuó con pertinente mano dura.

Nos han matado a 30 mil peruanos, han actuado como unos salvajes fanáticos y lo que es peor: no muestran un ápice de arrepentimiento; pero ahí está el Estado, que parece que no aprendió la lección, dispuesto a mandarlos a su casa y a colocarles en la puerta a uno o dos policías que podrían estar protegiendo a ciudadanos de bien. Y eso que no menciono las indemnizaciones pagadas con nuestro dinero que han cobrado estos carniceros.

Si el Perú con su sistema de justicia, que más parece un remedo, no es capaz de mantener en una jaula a elementos peligrosos que han sido capaces de ordenar la muerte de niños a machetazos como en Lucanamarca, de colocarle dinamita al cuerpo de María Elena Moyano o de poner un “coche bomba” en una estrecha calle de Miraflores a las ocho de la noche, ¿qué podemos esperar del resto de delincuentes que nos agobian a diario?

La salida del ex número dos de una de las sectas más sanguinarias de la historia del mundo es un golpe para los peruanos; aunque parece que algunos de esos que suelen “indignarse” por todo no dicen nada, salvo que estos asesinos ya cumplieron sus penas y que, bueno, hay que dejarlos ir. Sin embargo, ello es falso, pues si acá tenemos el arresto preventivo hasta para ladrones de celulares y paqueteros, también debería existir la posibilidad de mantener adentro a genocidas como Morote y Liendo.