Opinión

Caso cerrado

COLUMNA: Cayetana Aljovín

13 de Septiembre del 2019 - 07:00 Cayetana Aljovín

En tiempos de turbulencia, como los que estamos viviendo, no debería pasar desapercibida una decisión del Tribunal Constitucional (TC) que contribuye certeramente a combatir la pesca negra.

Se trata de la sentencia en la que se establece al Produce como único ente competente para otorgar permisos de pesca en el país, al ser el órgano encargado de velar por el aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros y de cuidar la diversidad biológica de nuestro mar.

Así, hasta antes de esta decisión, existían quienes, al no obtener una cuota de pesca por la vía administrativa, buscaban obtenerla de forma ilegal y acudían al Poder Judicial a presentar acciones de amparo o procesos contencioso-administrativos fraudulentos.

Frente a ello, en la época del ministro Giuffra, el Produce decidió interponer una demanda competencial ante el TC, a la que coadyuvó la Sociedad Nacional de Pesquería.

Por ello, saludamos la decisión tomada por el TC, pues fortalece no solo la sostenibilidad de los recursos, sino que, además, representa una acción concreta en la lucha contra la pesca ilegal en el Perú.

Al respecto, cabe precisar que en el mundo la pesca ilegal genera pérdidas por más de $23,000 millones anuales, mientras que en el Perú esa cifra bordea los $130 millones. Esto se traduce, además, en daños cuantiosos al medio ambiente, afectaciones a los derechos humanos, menores divisas e impuestos para los países, entre otros.

En este escenario, el fallo del TC pone fin a prácticas fraudulentas, por lo que se espera que no existan más amparos que desamparen nuestros recursos, ni cautelas temerarias.

Afortunadamente, llegó la hora de que se deje de perforar el sistema de reordenamiento pesquero que tantos buenos resultados ha generado para el Perú.

Caso cerrado.

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