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Los servidores públicos que ocupan cargos en diferentes instituciones del Estado tienen una serie de derechos y obligaciones que garantizan su situación laboral; sin embargo, por desidia de algunos titulares de pliego, se cometen abusos contra ellos, como no depositar los aportes que les retienen por ley a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Este problema se arrastró con mayor frecuencia en años anteriores, cuando creció la deuda de gobiernos locales, regionales, direcciones de ministerios y otros que incumplieron con abonar a las cuentas de los servidores, en clara demostración de negligencia de funciones.

Dineros que son de los trabajadores se disponían para otros conceptos por la falta de planificación de quienes manejaban estos recursos.

Según afirmó la titular de la Asociación de AFP, Giovanna Prialé, “son cerca de S/1500 millones comprometidos que pertenecen a 254,045 trabajadores (y extrabajadores) afiliados al Sistema Privado de Pensiones”.

Para disminuir la deuda que tienen los 1885 gobiernos locales y regionales, se lanzó el Régimen de Reprogramación de Pago (Repro AFP) y casi el 50% se acogió a los beneficios; sin embargo, otros incumplen con abonar el descuento que se realiza a trabajadores públicos, poniendo en riesgo su futura pensión cuando se jubilen.

Lo lógico, en estos casos, es que deberían disponerse sanciones efectivas para los encargados de instituciones (autoridades) que desvían estos recursos intangibles del personal, con el objetivo de que se respete su verdadero fin.