Apenas la Comisión de Constitución del Congreso mandó al archivo el ilegal –y plagiado– proyecto de ley con que se buscaba una nueva Carta Magna, el premier Aníbal Torres dijo que la cosa terminaba allí, algo que solo pudieron creerse los “inocentes” que tienen fe en la palabra de esta gente que está desesperada por vendernos la idea de que por ahora no puede hacer más por el país, debido a que el marco legal se los impide, con lo cual solo están cubriendo su evidente incapacidad.

El fin de semana último, el presidente Pedro Castillo se fue a Huachipa a un evento al que no se invitó a los medios para que informen de las actividades del mandatario, donde ha insistido con el ilegal asunto de la asamblea constituyente por más que la vía legal fijada en la Carta Magna de 1993 está agotada. ¿Qué está pretendiendo el jefe de Estado?¿Quitarse la careta y saltarse las leyes para aplicar el “Plan B” de su socio Vladimir Cerrón?

El profesor Castillo debería darse cuenta que para desgracia de todos, es el presidente de la república y ya no un sindicalista de plazuela que cree que las cosas se debaten y resuelven a grito pelado. Él está al frente de un país que tienen un ordenamiento jurídico que debe ser respetado. El Perú no se maneja como una asamblea de Conare o del Movadef, ni con movilizaciones violentas en las calles, las cuales, además, se muestran con muy poca gente.

No hay duda que el presidente Castillo tiene mucha suerte de haber caído en el gobierno de un país con partidos que son en verdad clubes de amigos, alianzas temporales con fines electorales y reuniones de ciudadanos con intereses dispersos, muchos de ellos carentes de formación política y valores democráticos. Qué se le puede pedir a Acción Popular, Podemos o Alianza para el Progreso. De no existir esta gente, hace tiempo el profesor hubiera tenido que ser vacado por andar promoviendo una ilegalidad.

El jefe de Estado debería dar un paso al costado. Le haría un gran favor al país. Su incapacidad es evidente y no se puede cubrir con la oferta de una asamblea constituyente que está al margen de la ley y que solo traería más incertidumbre política y económica. Además, está claro que en medio de tantos problemas agravados por la pandemia, una nueva Constitución no es la prioridad por más que se lo digan al oído el premier Torres y su socio Cerrón.