El Congreso debería negarle a Pedro Castillo el permiso para salir del país con el fin de acudir a la Cumbre de las Américas, que se desarrollará en Los Ángeles, Estados Unidos, del 8 al 10 de junio. Un presidente que dirige un Gobierno acogotado por claros indicios de corrupción y que han obligado a una intervención del Ministerio Público no es digno de representar al país en ningún evento, foro o asamblea internacional.

Estamos ante un presidente deslegitimado, al que un organismo electoral cuestionado le otorgó el triunfo electoral  (considero que siguen existiendo dudas sobre la legalidad) pero que a estas alturas, ostenta el cargo en base a artimañas políticas, a la compra de congresistas (como “Los Niños”) y porque no ha sido posible, por el alto número de votos y las bancadas que aún lo protegen, vacarlo como corresponde.

La Fiscalía le ha asestado a Castillo un golpe letal porque su decisión está basada en indicios razonables que desbaratan la tesis de la persecución política y el burdo mensaje de rastreros personajes como el premier Aníbal Torres, la propia vicepresidenta Dina Boluarte o los abogados Benji Espinoza y Eduardo Pachas de que Castillo es parte de una persecución política o víctima del plan de una “derecha vacadora” que no aceptó su triunfo en las elecciones.

La investigación a Castillo es poco ante lo que se merece, que es la cárcel, pero mientras tanto la pérdida de legitimidad que enfrenta no es un hecho menor porque actúa en base a una legalidad precaria pero carece del respeto y la fuerza jurídica del cargo que ostenta. Habrá en algún momento que ejercer el derecho a la insurgencia pero mientras no es posible vacarlo o inhabilitarlo políticamente, el Parlamento está en la obligación de preservar la imagen del país y mostrar que no es un poder del Estado bobalicón, obsecuente y complaciente con un Ejecutivo que más parece un pabellón del Penal de Lurigancho.