Después del vergonzoso episodio -dizque democrático- llevado adelante por las autoridades de la Generalitat, que es el gobierno de Cataluña, en que se puso a prueba la autoridad del gobierno de Madrid y en general, a la propia Corona española, lo que se viene para Cataluña puede ser más fatal que el intento febril de Carles Puigdemont, su presidente, queriendo alterar la estabilidad de toda España. En efecto, el Tribunal Constitucional que declaró ilegal e inconstitucional el referéndum, desde antes que se lleve adelante la semana anterior, acaba de resolver que resultará nulo de toda nulidad cualquier reunión del Parlamento de Cataluña y las consecuencias que podrían emanar de su mentada sesión prevista para el lunes 9 de octubre, en cuyo marco el propio Puigdemont ha anunciado la declaración de la independencia de esta rica y próspera región nórdica de la península ibérica. El desorden de la aventura gobiernista regional está generando en las últimas horas una diáspora de las principales empresas que operan en Barcelona, con lo cual por primera vez Cataluña sentirá el efecto de la locura independentista.

Ya mismo la CaixaBank, que está unida a la historia de Barcelona en el último siglo, acaba de decidir el cambio de su sede de esta ciudad por la de Valencia. Tal es el temor que ha provocado el referido éxodo de inversiones, que el expresidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, ha tenido que salir al frente a señalar que Cataluña carece aún de “unas cuantas cosas” necesarias para que la “independencia” sea “real”. El gobierno de Mariano Rajoy actúa en base al principio de autoridad y eso está bien. Así, todo será declarado antijurídico y removerá el piso de los propósitos absurdos que podrían poner en un estado de riesgo a Cataluña y, por cierto, a toda España. El imperio del derecho debe prevalecer para detener una aventura de la que después puedan arrepentirse los propios catalanes, algo así como solapadamente están pasando los ingleses por el Brexit, en que votaron para dejar la Unión Europea.

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