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La salida del jefe del INEI, Aníbal Sánchez, fue justa y necesaria, pero el descalabro generalizado en el que se convirtió el Censo Nacional de Población y Vivienda 2017 enciende una luz de alerta que va más allá de la sola merecida destitución del responsable principal. Uno de los pocos medios que advirtió desde el inicio de la semana pasada la vorágine de nubarrones grises que se aproximaban sobre el cielo censal fue Correo. Había una sensación de caos que se olía a leguas y que tenía como punto de partida las marchas y contramarchas con respecto a la ilegalidad de detener a cualquier persona que en el horario del censo estuviese fuera de sus casas. Fue alarmante que un ministro de Estado como Carlos Basombrío se pronunciase a favor de este atentado a las libertades consagradas en la Constitución y que se retractase después como si de un ligero desliz se tratara. ¿Dónde estaba el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, en medio de esta barahúnda? Y ya que mencionamos a Basombrío, ¿participó el ministro en el plan de seguridad que tenía que haberse previsto para, por ejemplo, preservar la integridad de los censadores? Un plan de seguridad que, imaginamos, podría haber volcado a las zonas censadas a todos los efectivos que ese día no iban a resguardar una ciudad vacía y que debía de haberse potenciado con una orden de inamovilidad. Un plan de seguridad que, intuimos, debió haber reservado para las zonas “rojas” a censadores adultos y varones con un mayor resguardo de policías y dejado a las damas para espacios menos convulsos. Este, el de los vacíos que acabaron con una penosa violación, es un solo ejemplo del zafarrancho macondiano en el que acabó el censo y que representa un fracaso no solo para el INEI y Sánchez, sino para todo el Ejecutivo, incluido PPK. Y una pregunta final: ¿dónde estuvo la premier Meche Aráoz en todo esto?