La Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano (1789) reconoce que “una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución”.

La democracia es inherente a toda forma constitucional de gobierno, dentro de un esquema de respeto a los derechos y libertades y separación de poderes, confiriendo a cada poder autonomía de funciones, pero coordinando y cooperando entre estos. En el pasado hemos advertido como los actores políticos rompieron el esquema constitucional, creando un estereotipo del Congreso soberbio, obstruccionista y en contra de los intereses del pueblo. De esto se sirvió Martín Vizcarra para disolverlo. Este vil comportamiento político abortó al gobierno de Castillo cuyas consecuencias afrontamos con Dina Boluarte. Hoy estamos por el mismo camino, la población identifica como responsables de la inseguridad al gobierno y al Congreso, cuando la responsabilidad directa en seguridad ciudadana le corresponde al Poder Ejecutivo. Las leyes no son la varita mágica para acabar con el crimen ni la inseguridad. La izquierda y el gobierno emplazan al Congreso como el responsable: o me apruebas, modificas o derogas tal norma o eres cómplice de los delincuentes. La ciudadanía, a merced de una mentira, pide que se vayan todos. Están arrastrando al país a otra crisis política en que los únicos favorecidos son los delincuentes y las agrupaciones políticas que no tienen representación parlamentaria o teniéndola critican y minan la imagen del Congreso únicamente para ganar electores, sin importarles el país. Necesitamos coordinación y colaboración entre el gobierno, el Congreso y demás actores políticos para derrotar a la inseguridad.