Tras el anuncio del pago de un segundo bono, las colas en las agencias del Banco de la Nación se han multiplicado, en particular en las oficinas del jirón 9 de Diciembre en Juliaca, donde se extienden por más de seis cuadras. Las personas esperan desde la noche anterior y duermen a la intemperie a 3850 metros sobre el nivel del mar.

Por el COVID 19 se declaró estado de emergencia nacional el 16 de marzo, que incluyó inamovilidad, toque de queda, y cierre de fronteras, aeropuertos y carreteras, lo que impactó negativamente en la economía. El PBI cayó drásticamente durante estos meses. Se calcula que la contracción anual será de -12%, solo comparable con la crisis económica tras la guerra con Chile y la gran depresión mundial de 1929.

Ante una probable segunda ola y tras meses de esfuerzos, se repiten los errores. Aglomeraciones y colas son fuente de contagios y propagación del coronavirus. Por eso, el gobierno y las autoridades del Banco de la Nación tienen la obligación de tomar medidas para atender en forma diligente a los beneficiarios.

Urge aumentar el número de ventanillas, ampliar los turnos de atención y llegar a acuerdos con otras instituciones del Estado para abrir oficinas temporales de atención, entre otras medidas plausible. Pero hasta el momento no se ha implementado una base de datos oportuna y creíble de quiénes merecen el bono. Tampoco se han desarrollado mecanismos de distribución en los domicilios.

Hemos pagado un alto costo en vidas humanas y en nuestra economía. Tenemos derecho a exigir un trato digno. Un bono no justifica el maltrato ni la indolencia de aquellos a quienes pareciera no importar la necesidad de los ciudadanos expuestos a contagios.