Es una buena señal que, gracias al Ministerio Público, se conozcan más detalles de lo que fue la muerte de 13 personas en una discoteca limeña. No sólo es importante conocer si la puerta estaba efectivamente abierta o cerrada, con cerrojo o sin él. O que, en la práctica, se podía o no abrir para evitar lo que ocurrió. Es una buena señal porque la desaparición de la grabadora de las imágenes de las cámaras de seguridad prueba una intencionalidad dolosa, de parte de algunos policías, al esconder información fundamental para determinar la verdad. Más aún es comprobar que el trabajo del Ministerio Público es independiente, que no responde a ningún mandato político y que cualquier política represiva contraria a los derechos humanos no forma parte de lo que unos cuantos quieren presentar como la dictadura de Vizcarra. La independencia del Ministerio Público, como del Poder Judicial, Tribunal Constitucional y otras instituciones tutelares, es la que viene persiguiendo y pidiendo cuentas a los anteriores gobiernos de este país, causantes de la epidemia de la corrupción, cuyas consecuencias sufrimos hoy en el paupérrimo estado de la salud y educación públicas. Así como los muertos en la discoteca, la corrupción es responsable de muchas muertes, las de quienes no encontraron camas de cuidados intensivos, oxígeno, atención oportuna. Son responsables también de la pobreza de la educación de tantos irresponsables que hoy no respetan la conducta que las estrategias les demandan para detener el virus. La campaña de comunicación emprendida por el gobierno, y que era reclamada por muchas instituciones, será del gusto de unos y disgusto de otros. La actitud de oponerse a todo es una práctica que más habla mal de quien denuncia que del denunciado, mientras no proponga el cómo cree que sería mejor hacerlo. Así de simple.

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