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El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, aclara que solo el Consejo Nacional de la Magistratura o el Congreso de la República pueden separar al juez superior César Hinostroza; y el presidente del Legislativo, Luis Galarreta, manifiesta su preocupación porque nuevos audios se mantienen en manos privadas. Mientras tanto, un país cansado de engaños, estafas, negociados y corrupción no acepta más dilaciones para sancionar ejemplarmente a jueces y a magistrados envueltos en los últimos escándalos.

Lo que han revelado los audios son irregularidades, componendas y presuntos tráficos de influencias en los sistemas de justicia. Ello debe admitirse como una calamidad para la sociedad.

Aunque es cierto que se deben respetar las normas y el Estado de derecho, las propuestas de los órganos de poder de nuestro país deben concretarse cuanto antes. Deben actuar con la celeridad que hay en un quirófano ante un paciente grave. De lo contrario, todo lo expuesto hasta el momento solo será una dosis de analgésicos. El peligro es que crezca la tensión social.

El Congreso tiene una gran responsabilidad, ya que mediante una acusación constitucional puede retirar a jueces supremos y a miembros del CNM. Esperamos que aborde con rigor y rapidez este asunto. Asimismo, que se aleje de esa tendencia oportunista e inoperante alejada de los reales intereses del Perú. No es posible que haya algunos parlamentarios que expresen sus puntos de vista más cercanos a los magistrados en cuestión que a la mayoría del país que pide sanciones ya.