Se dice reiteradamente que el Perú es un ejemplo de manejo macroeconómico responsable y que su marco jurídico ha sido clave para promover la inversión. A pesar de nuestra inmadurez política, el país ha sabido atraer a inversionistas que continúan viendo oportunidades. Esa confianza, sin embargo, es frágil y se construye con coherencia, previsibilidad y respeto irrestricto a los compromisos asumidos por el Estado.

¿Qué ocurre cuando circulan versiones de recortes presupuestales a contratos en ejecución, destinados a dotar al país de infraestructura logística y de conectividad? ¿Estamos construyendo confianza o la estamos destruyendo? Forjar una relación de confianza toma años; perderla, apenas minutos.

La confianza de los inversionistas debe ser universal, no selectiva. Cualquier suspensión o debilitamiento del financiamiento de un contrato, sea bajo una asociación público privada, una obra pública o un esquema de Gobierno a Gobierno, erosiona los cimientos de un modelo que ha resistido la inestabilidad política.

El país gana con la competencia abierta y con la participación de los mejores, no con clubes de amigos entre instituciones afines. Ya pagamos un alto precio con Lava Jato como para repetir errores. Preocupa que, desde un gobierno de transición, se adopten decisiones que afectan proyectos estratégicos para el desarrollo nacional.

En nombre de la disciplina fiscal también pueden cometerse graves equivocaciones. Disciplina fiscal sería la privatización de Petroperú evaluando mantener una participación minoritaria del Estado. Disciplina fiscal es reducir el gasto del Congreso, ordenar la cartera de proyectos y dejar de anunciar nuevas iniciativas. La confianza no es selectiva.