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Primero fue el turno de la Fiscalía de intervenir la oficina de IDL-Reporteros y luego, el de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, que convoca a los periodistas que revelaron, mediante audios, la pestilencia del sistema de justicia. ¿Para qué? Déjame que te cuente, peruano.

Los congresistas, obstinados en conocer la forma -y no el fondo- de las revelaciones periodísticas sobre el tráfico de influencias en el Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura, buscan información que les pueda servir para sus intereses.

¿Será por eso que el parlamentario Héctor Becerril, miembro de la Comisión de Fiscalización, ha saltado hasta el techo desvirtuando a IDL-Reporteros y acusando a su director, Gustavo Gorriti, de “montesinista”? El objetivo no es limpiar la basura de la justicia, sino conseguir el beneficio político y su protección. La Comisión de Fiscalización, que encabeza el fujimorista Rolando Reátegui, llama a Gustavo Gorriti y Rosana Cueva, directora de Panorama, para que cuenten cuál es el secreto de su trabajo, cómo consiguen lo que ellos no pueden -ni quieren a pesar de ser su obligación-. Pero, fundamentalmente, para saber hasta dónde han llegado a averiguar.

No entienden nada. Parece que con tantos años en funciones, todavía no les cuadra en la cabeza cuál es la función periodística y qué vela tienen los reporteros en este entuerto judicial. Lamentablemente, la prepotencia de algunos legisladores, en especial de Fuerza Popular, no deja espacio para la reflexión. Entonces, si en un audio mencionan a la “Señora K” de la “Fuerza Número 1”, sus partidarios fustigan a los periodistas que divulgaron el material. Pero eso no es todo. Denuncian convencidos de que los periodistas no deberían difundir ni conocer información relevante, sobre todo antes de que el Congreso, el Poder Judicial y la Fiscalía lo decidan. ¡Qué tal desparpajo!

A ver si les entra en la cabecita. La función del periodismo es revelar cualquier acto de interés público y su obligación es proteger sus fuentes de información. No es ético guardarse el material que pueda destapar un acto de corrupción, así implique la caída de un gobierno o un banco.

Bien por Gorriti y Cueva en no asistir al Congreso, que más que fiscalizar busca amedrentar a los periodistas inquiriendo sobre su trabajo y secreto profesional.