Desde el Congreso se alienta la confrontación permanente contra el Ejecutivo. La primera presidenta, María del Carmen Alva, no escondía sus intenciones claramente golpistas o de vacancia, las que se ratifican con la elección del congresista José Williams.

La debilidad de los actores y el sistema político no permiten la solución del conflicto. Ni el Ejecutivo tiene capacidad para disolver el Congreso, ni este puede declarar la vacancia presidencial.

Tenemos un Congreso fraccionado, con serios indicios de corrupción y abuso del poder político. Las cuatro listas presentadas para elegir Mesa Directiva, las salidas obligadas de la presidenta y un vicepresidente, además de los seis candidatos a ocupar la silla de Camones muestran incapacidad de lograr acuerdos y gran desorden político buscando, tal vez, ceñirse el fajín presidencial, propuesta claramente antidemocrática.

La denuncia de violación a un congresista y los audios de Acuña y Camones acordando tráfico de favores, muestran el lado oculto del poder congresal y replantean la necesidad de cambiar las reglas electorales y el propio reglamento del Congreso. No puede seguir considerándose solo 120 días como sanción máxima, ni solo permitir el retiro del cargo directivo como sanción a estas gravísimas faltas de los representantes políticos.

La política plantea y desarrolla propuestas de solución a los problemas del país buscando construir una sociedad y Estado, con capacidad de garantizar ciudadanía y ejercicio de derechos, sin exclusiones.

Con ese objetivo, se requiere desarrollar acuerdos y alianzas que permitan ejecutar políticas necesarias para avanzar en el desarrollo, económico, social y político. De lo contrario, retrocedemos haciendo inútiles los esfuerzos.

La política transparente y el efectivo combate contra la corrupción, permitirían construir acuerdos viables avanzando en dotarnos de políticas de Estado, día a día.