La legislación vigente permite la reelección inmediata de congresistas, quienes podrán postular al Senado o a la Cámara de Diputados. Además, si se aprueba el Proyecto de Ley N.° 11306/2024, se les otorgará licencia para “defender y promover” sus propuestas partidarias, exonerándolos de las restricciones que deben cumplir todos los funcionarios públicos en cuanto a neutralidad e imparcialidad.

Este cambio, lejos de equilibrar la contienda, otorga una ventaja clara a quienes ya ocupan un cargo público. A esto se suma el riesgo del uso de recursos del Estado para actividades proselitistas disfrazadas, lo que conocemos como incumbencia.

Una preocupación adicional es la “semana de representación”, que permite a los parlamentarios realizar actividades financiadas con recursos públicos —como viáticos y personal— en cualquier parte del país. Según la Resolución Legislativa N.º 006-2021-2022-CR, ni siquiera es necesario que la región visitada corresponda a su circunscripción. Esto abre la puerta a campañas encubiertas, especialmente para quienes postulen al Senado Nacional. Recordemos casos pasados, como en 2011, cuando varios congresistas organizaron actividades sociales a pocos meses de las elecciones.

La solución es clara: recuperar la tradición constitucional que obligaba a los congresistas a renunciar si querían postular a la reelección o a otro cargo de elección popular. De las doce constituciones que ha tenido el Perú, solo las de 1979 y 1993 eliminaron esta práctica. Hoy, más que nunca, urge restablecerla si queremos garantizar un proceso electoral justo, transparente y con reglas parejas para todos.