La situación de Keiko Fujimori se mantiene en una encrucijada. Las revelaciones de Jorge Yoshiyama sobre el aporte del Club de la Construcción a la campaña de la lideresa de Fuerza Popular han complicado el panorama de esta. Si a ello sumamos las declaraciones de Jorge Barata, quien, según fuentes de IDL-Reporteros y El Comercio, habría ratificado que Odebrecht entregó un millón de dólares a favor de la candidatura de la hija de Alberto Fujimori, las consecuencias lógicas serán no solo judiciales, sino también políticas.

Que todos los días se expongan arreglos bajo la mesa, entregas subrepticias de dinero, contratos irregulares con el Estado y componendas, solo abonan en la conciencia de la ciudadanía de que la corrupción está sólidamente asentada en nuestro país. Pero no solo esto, también es un grave disolvente de los valores y el espíritu cívico del Perú.

Los 18 meses de prisión preventiva al expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, el pedido de extradición de Elian Karp y las empresas ligadas al excongresista oficialista Clemente Flores son otros casos que en los últimos días han impactado a la población. Todo esto sigue creando una fundada sospecha que la clase política no trabaja a favor de los intereses de los peruanos, sino a los suyos propios.

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