“Conspiración”

Dignas de Macondo las explicaciones que trata de dar al país el congresista Yonhy Lescano para desvirtuar la gravísima denuncia de acoso sexual de la que ha sido objeto por una periodista, todo lo cual podría llevar a que este personaje termine expulsado del Legislativo y condenado al olvido político, como tantos que en su momento se promocionaron como los salvadores del Perú para luego acabar ganándose el rechazo de miles.

Desde que estalló el escándalo el viernes último, Lescano ha cambiado de versión una y otra vez. Primero culpó de todo a los policías a cargo de su seguridad, aunque jamás hubo un reclamo ante sus superiores. Luego sostuvo que los agentes se “descuidaron” y dieron el teléfono a un tercero que bien podría ser un cuidador de autos. Más tarde admitió que sí había enviado algunos de los chats ya conocidos, pero eran conversaciones de adultos con “cierta picardía”.

Pero lo más surrealista vino después. Fue cuando nos vino con la historia de que todo era un complot del fujimorismo y del APRA para sacarlo del Congreso y evitar que sea presidente en el 2021. Incluso aseguró que el periodista Erick Sánchez, que conocía del caso desde hace varias semanas y que lo difundió en sus redes sociales aunque sin dar nombres, era parte del “complot” porque aparece en una foto con Keiko Fujimori y en otra con el exvicepresidente Luis Giampietri.

Es risible que Lescano, quien lleva casi dos décadas sentado en el Congreso y ha sido parte de muchas denuncias en su afán de promocionarse como parte de la “reserva moral” del Perú, nos quiera hacer creer que porque un periodista se toma una foto con una candidata presidencial en una campaña electoral, o al lado de un héroe como el almirante Giampietri, ya es parte de un supuesto complot para derrocarlo por el peligro que representa para sus rivales políticos. Alucinante.

Es saludable que el Ministerio Público ya tenga en sus manos este caso, que es una vergüenza más para el Congreso y la política en general. Si las cosas son como se muestran, Lescano debería recibir una dura sanción no solo del Congreso, de su bancada y de su partido, sino también del Poder Judicial, pues estamos hablando de un grave delito que el mismo legislador se ha encargado de condenar públicamente cuando se ha atribuido a otros.