La nueva propuesta de ley de reforma constitucional presentada al Congreso para resolver la crisis política propone adelantar las elecciones, presidenciales y parlamentarias, está acompañada de un conjunto de disposiciones que pasamos a resumir. El proyecto propone una especie de “jubileo” que permitirá la reelección de los congresistas actualmente impedidos para reelegirse. La propuesta impide además el voto preferencial ciudadano y que la elección congresal se produzca en una previsible segunda vuelta electoral. De esta manera, los actuales legisladores podrían ver con mejores ojos su aprobación, condicionando su voto si formaran parte de su respectiva lista parlamentaria. El efecto inmediato daría lugar al dimensionamiento del Congreso con la representación mayoritaria de las fuerzas políticas que contiendan la segunda vuelta electoral. Una medida que dejaría fuera del legislativo al resto de partidos o disminuiría su representatividad en el pleno.

Al margen de lo anterior, el proyecto se torna polémico cuando trae como plato de fondo una lista de reformas constitucionales que el nuevo Congreso estaría avocado a realizar, entre ellas: revisar la forma de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, defensoría del pueblo, contralor general, Jurado Nacional de Elecciones y volver a discutir la bicameralidad. Si bien el Congreso tiene competencia para reformar la Constitución (artículo 206 CP), predisponer su actividad futura con una lista de temas que puede quedar abierta para incluir otros, como el régimen económico y temas vinculados con una agenda internacional. En resumen, la propuesta de nuevas elecciones trae de contrabando un legislativo que obrará como un Constituyente en la sombra.

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