Tras una segunda vuelta electoral dispersa y casi 100% de actas escrutadas, ganaría Keiko con 50.088% frente al 49.912% de Sánchez, alrededor de 40,000 votos de diferencia, expresión de la grave desigualdad económica y política en el país. Fueron 1749 distritos votando por Sánchez y solo 411 por Fujimori en todo el país.

Irónicamente desde 1990 y la elección de Alberto Fujimori, Lima y la costa norte se colocaron frente al territorio del sur y andinos fundamentalmente. En paralelo, la población andina inició el proceso de ejercicio directo de sus derechos políticos y acceso al poder hasta lograr la presidencia en 2021, más allá del racismo y discriminación existentes.

La disputa y fractura territorial ante propuestas claramente diferentes, plantea el tema de la gobernabilidad exigible para ambas candidaturas. De ganar Fujimori no será posible conseguir estabilidad política cuando impulsa propuestas con la excusa conocida de lograr mayor inversión privada sin considerar las condiciones de trabajo, ingreso, impuestos y transformación que puedan generar. Impulsar la mayor concentración de riqueza y activos resulta insostenible.

Sospechas de fraude se presentan en diversos procesos, desde el referéndum de la Constitución de 1993, en las elecciones del 2016, 2021 y en este 2026 por los cambios inexplicables de las reglas en pleno desarrollo electoral.

A pesar de Fuerza Popular, construir legitimidad requiere del JNE una acción institucional y extraordinaria que ejerció al habilitar un segundo día de elecciones. Hoy se necesita recontar votos de Estados Unidos, Argentina Chile, Brasil y Puno. La transparencia genera legitimidad.