Los 575 asesinatos reportados entre julio y setiembre de este año son una de las expresiones de la crisis de régimen que padecemos. El sicariato, narcotráfico, minería ilegal y las organizaciones criminales han penetrado los poderes del Estado y las instituciones, incluida la Policía Nacional del Perú.

La vacancia de Dina Boluarte ha sido una maniobra desesperada de las fuerzas antidemocráticas que controlan el Congreso. La movilización popular de jóvenes, transportistas y ciudadanía las obligó, buscando lavarse la cara teniendo en la mira las elecciones del 2026.

Esta coalición mafiosa es la que ha colocado a José Jerí en la Presidencia de la República, la misma que sostenía a la expresidenta. Hoy lo apoyan pese a sus antecedentes que nos avergüenzan como país.

A menos de una semana de su ascenso a la presidencia, Jerí responde a las movilizaciones populares con lo ya conocido, llama “terrucos”, “agitadores” y “violentistas” a los miles de manifestantes. Presenta contingentes e infiltrados policiales, con armas, en las movilizaciones, repitiendo asesinatos. Recordemos que fueron 49 fallecidos en las justas protestas de fines del 2022 e inicios del 2023.

La movilización del 15 de octubre de jóvenes y otros sectores, fue reprimida, asesinando al cantante Eduardo Ruiz. El ministro del Interior y el Jefe de la PNP negaron la presencia de policías en la Plaza Francia. Horas después reconocieron que se ha identificado como presunto autor del disparo al suboficial PNP Luis Magallanes.

El gobierno de José Jerí debe asumir su responsabilidad política, sacando al ministro del Interior y al jefe de la PNP. Además, debe identificar a los autores materiales y castigarlos.

La verdad se conocerá tarde o temprano.