La reciente oficialización de tres alianzas —Unidad Nacional, Fuerza y Libertad, y Venceremos— representa más que un hito en el cronograma electoral rumbo a las Elecciones Generales 2026: es la muestra de que cuando la autoridad actúa con firmeza, el abuso y la corrupción pierden terreno.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) enfrentó con decisión a un grupo de personas de dudosa reputación que, desde hace años, han encontrado en las tachas maliciosas un negocio rentable. Estas no buscan fiscalizar ni proteger la legalidad del proceso, sino entorpecer inscripciones para presionar y, finalmente, extorsionar a los partidos y alianzas políticas con pagos bajo la mesa a cambio de desistirse.

El modus operandi es conocido: una vez anunciados los nombres de las alianzas, corrían a la SUNARP para reservarlos. Luego interponían tachas con expedientes incompletos, sin firmas de abogados o sin pago de tasas, acompañadas de notificaciones ingresadas al filo del plazo para generar caos. La estrategia era simple: desgastar, presionar y, finalmente, forzar una negociación ilegal. Pero esta vez fue distinto.

El JNE decidió plantar cara al abuso del derecho. Aplicó el principio de informalismo para evitar que tecnicismos absurdos se conviertan en armas de chantaje, y además implementó un sistema de notificaciones riguroso que cerró la puerta a la maniobra dilatoria de los tachadores profesionales. El resultado: las alianzas superaron la trampa y hoy están en carrera, como corresponde en un sistema democrático.

Lo ocurrido nos deja una lección clara: cuando partidos y autoridad electoral se unen contra el abuso, la democracia gana. Que sea un recordatorio para el futuro: unidos contra el mal, el mal no vencerá.