Hoy por hoy todo indica que la Cámara de Diputados pondrá freno al pedido del Ejecutivo para delegar facultades legislativas que permitan atender con mayor rapidez asuntos urgentes, entre ellos la seguridad ciudadana y la prevención frente al fenómeno de El Niño. La oposición, que tiene los votos suficientes para marcar el rumbo, ya mostró los dientes y parece decidida a demostrar que el Gobierno puede funcionar sin las facultades que solicita.

El Congreso tiene una responsabilidad que nadie discute: fiscalizar al Ejecutivo y evitar que la delegación de facultades se convierta en un cheque en blanco. Los proyectos deben ser revisados con rigor, las competencias claramente delimitadas y los plazos establecidos. Una democracia no funciona cuando un poder renuncia a sus atribuciones en nombre de la rapidez.

Pero hay una diferencia enorme entre ejercer control y utilizar el control como una herramienta de obstrucción. Si detrás del rechazo existe una decisión política de impedir que el Gobierno avance simplemente porque se trata del Gobierno de turno, estaríamos ante una pésima señal. El país no puede convertirse en rehén de una guerra de poderes mientras los problemas siguen creciendo en las calles y las emergencias se acumulan.

Ni el Congreso es una mesa de partes del Ejecutivo ni el Ejecutivo es un enemigo que debe ser paralizado por principio.

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