Entre otras razones, la renuncia del ministro del Interior, Carlos Morán Soto, se debería a supuestos hechos de corrupción en la compra de bienes y servicios, efectuada por los mandos de la Policía Nacional del Perú a raíz del estado de emergencia por el coronavirus.
Todo acto de corrupción merece la mayor de las condenas, aunque insistimos en que gran parte de estos hechos turbios ocurren porque el modelo de contrataciones y adquisiciones del Estado lo permite.
La contratación de obras públicas sin estudios definitivos realizados por el concesionario “ganador”, explica la sobrevaluación del monto de las inversiones públicas, mediante las conocidas “adendas”.
Al permitirse en períodos de “emergencia”, como el que vivimos, que las adquisiciones sean por invitación y no licitación pública, se abre la puerta a la corrupción. Un mecanismo de transparencia es ampliar, desde el Estado, el registro de proveedores de manera que se pueda participar en concursos públicos por internet, con propuestas de bienes y servicios en forma transparente.
En el mediano plazo se requiere modificar el marco legal, empezando por incorporar en nuestra Constitución la planificación, de manera que como país desarrollemos las prioridades de inversión en favor de la ciudadanía. También es necesario dotar de facultades efectivas a la Contraloría, para que actúe en forma concurrente y con facultades sancionadoras. De igual forma, urge otorgar efectiva autonomía al Poder Judicial exigiéndole, asimismo, celeridad, eficiencia y transparencia en sus decisiones.
