“Es un gabinete de lujo, de la mejor gente de todo el Perú”. Así describió PPK a su equipo de ministros con los que inició su mandato. Transcurridos diez meses de gobierno y realizados tres cambios ministeriales, lo que la población percibe es que estamos ante un Gobierno desarticulado, e incapaz de deslindar con la corrupción. La última encuesta nacional de Datum registra una desaprobación del 64% en la lucha contra la corrupción, nueve puntos más que en enero pasado.

El caso Odebrecht involucra al expresidente Toledo por haber recibido veinte millones de dólares para favorecerla con la concesión de la Interoceánica del Sur. No obstante, el Gobierno poco o nada realiza para que la impunidad no los favorezca.

Toledo se pasea orondo en los EE.UU., y PPK le “deseó lo mejor” públicamente, mientras su ministra de Justicia medita con paciencia enervante la conveniencia de contratar a un abogado norteamericano que impulse su extradición. La misma ministra que le recomendó no indultar a Alberto Fujimori, desoyendo al 63% de la población que apoya el indulto.

Nada frena la persistencia del Gobierno de favorecer a la empresa Odebrecht y a su socia peruana Graña y Montero. Expidió un decreto de urgencia que les permite salvar su patrimonio e, incluso, participar en el proceso de reconstrucción con cambios.

Pero es la concesión del Aeropuerto Internacional de Chinchero otorgada al consorcio Kuntur Wasi, la que involucra directamente a importantes personajes ligados al Gobierno con graves actos de corrupción. La suscripción de una ilegal adenda para pretender salvar un lesivo contrato está colmando la paciencia ciudadana. Por el alto nivel al que llega, parecería que estamos ante una “corrupción de lujo”.