Por más premura que exista en el Estado en general por atender a los afectados por el coronavirus, lo cual es la prioridad, no debe dejar de ponerse una mirada en presuntos actos de corrupción surgidos en esta crisis. Hay hechos escandalosos que merecen toda la atención del Ministerio Público, la Contraloría y también del Poder Ejecutivo, que debería de encarar de inmediato los hechos oscuros y salir a denunciarlos.

El miércoles pasado en Correo publicamos una entrevista a la exdirectora el Hospital de Ate, Josefina Mimbela, quien fue retirada del cargo a solo seis días de haberlo asumido, luego de negarse a recibir respiradores mecánicos que llegaron incompletos pese a ser vitales para salvar vidas de afectados por el coronavirus. Además, alertó sobre su posible sobrevaloración. Ayer por la tarde el presidente Martín Vizcarra se pronunció al respecto.

Tenemos, además, lo sucedido en la Policía Nacional, en que el general PNP Héctor Petit, ha sido retirado del cargo de director de Administración de su institución y trasladado a otro puesto, luego de saberse de compras irregulares de alimentos y equipos de seguridad sanitaria para los custodios. Al dudoso proveedor de los ranchos que antes vendía llantas, se le pago 87 soles por cada ración. Un verdadero escándalo que no puede quedar en un simple cambio de colocación.

No se puede perder de vista, tampoco, a los alcaldes de todo el país que han recibido recursos desde Lima a fin de comprar alimentos básicos por 80 soles, para las familias vulnerables de sus jurisdicciones. En algunos casos hemos visto canastas bastante generosas, lo cual está muy bien, y en otros, solo algunos productos de primera necesidad que difícilmente suman el monto mencionado. Hay varias denuncias que deben ser aclaradas.

La acción contra la corrupción no debe ser dejada de lado ni en los momentos más difíciles, pues como parece, hay sinvergüenzas que no descansan nunca, ni cuando hay estado de emergencia y riesgo de que la gente muera por decenas ante la falta de ventilación mecánica o por carencia de equipos básicos de protección. Acá hay mucho que trabajar para el Poder Ejecutivo, mientras el Ministerio Público y la Contraloría tienen que andar con los ojos muy abiertos.