Hace muchos años que venimos alertando sobre el peligro del dominio del lumpencapitalismo sobre la sociedad peruana. En tantos años, el esperado destape de la corrupción generada por la empresa brasileña Odebrecht y otras empresas del mismo país está moviendo los cimientos de las obras de los corruptos y de los corruptores. Si eliminamos la corrupción de esta empresa en los más de 36 años en que le ha robado al Perú, seguiremos siendo un país corruptísimo. Con Odebrecht o sin Odebrecht el lumpencapitalismo maneja al país. Le pregunté a Jorge Cárdenas Sáez, uno de los especialistas que más conoce los delitos de la corrupción en el Estado como se puede confrontar la corrupción en el Estado peruano. Me respondió que no existe en nuestro país un diagnóstico real y crítico de las causas que generan el problema de la corrupción estatal y de la realidad de cada una de las instituciones del Estado encargadas de su represión a efectos de posibilitar una reingeniería en cada una de ellas y a partir de este cambio real se inicie la participación proactiva de dichas instituciones con respeto irrestricto de su finalidad constitucional. En una propuesta preparada por Cárdenas y su equipo, se dice que estas instituciones son el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Contraloría General de la República, las Procuradurías y otras instituciones de la administración pública. Eliminar a los corruptos de estas entidades públicas es una tarea gigantesca que requiere, entre otras necesidades, la fuerza de un Presidente de la República con mando y con comando, sin vínculos con los corruptos y los corruptores y con un equipo de hombres y mujeres honrados y con muchas agallas. En el mejor de los casos, para mí es obvio que el lumpencapitalismo no será derrotado durante el gobierno de PPK. En el diagnóstico antes citado se dice “que la administración de justicia no funciona como tal; el Ministerio Público tiene un comportamiento muchas veces cuestionado precisamente por evidentes actos de corrupción, que al no poder ser demostrados, implican únicamente una sanción administrativa irrelevante; la Policía Nacional, con hechos denunciados frecuentemente por los propios agentes honestos de esta institución, ve mellada su buena imagen y ello debilita su principio de autoridad; la Contraloría General de la República y las Procuradurías del Estado no tienen la eficiencia deseada y no emplean las herramientas que poseen, de manera tal que sus integrantes actúan descoordinadamente frente a la corrupción estatal; circunstancia que virtualmente cierra un círculo vicioso con el Poder Judicial generando una conducta perversa de impunidad de los corruptos y corruptores a nivel nacional.

El debido proceso, el respeto irrestricto a los Derechos Humanos y demás formalidades, que exige de manera superlativa el nuevo modelo acusatorio garantista implica necesariamente que los operadores de justicia tengan un adecuado Sistema de Prevención y de Investigación Criminal y un óptimo Sistema de Criminalística, con laboratorios suficientes y adecuadamente equipados para garantizar la investigación técnica científica del delito y la idoneidad de la aprehensión de los elementos probatorios, vitales para una adecuada administración de justicia”. Desde mi punto de vista se debe iniciar este proceso con la Policía Nacional, que depende del Poder Ejecutivo y requiere la participación decidida del Poder Legislativo. El Poder Judicial y el Ministerio Público, que tienen autonomía, requieren además la participación desde adentro, de jueces y fiscales muy preparados, honestos y valientes. Dada esta circunstancia me resulta muy difícil predecir que esto sucederá antes del 2021. Me daría por satisfecho con el inicio de una revolucionaria reforma del Poder Judicial y del Ministerio Público. Cárdenas señala que la corrupción inicialmente tiene dos agentes que participan en la acción, uno como corrupto y otro como corruptor; no obstante, al encontrarse enquistada en la administración pública y privada y al asumir características propias del crimen organizado, pasa a tener una mayor cantidad de agentes involucrados, ya sea como el asesor, que se involucra orientando la acción, el lobista que mueve sus influencias para llevar a cabo la acción; el contador, que procura justificar el manejo contable; el intermediario, que apoya al lobista y a los agentes; el “lavador”, que procura el ingreso del dinero a futuras actividades lícitas pretendiendo burlar la capacidad fiscalizadora del Estado; el “padrino”, que procura en las esferas políticas el manejo de la promulgación de leyes o actuación de funcionarios, para favorecer este accionar ilícito. Cárdenas Sáez reitera que esta realidad hace que el fenómeno sea de difícil manejo, dando la apariencia de que somos un Estado débil, condenado al fracaso toda vez que la determinación de las causas nos llevan a conocer que el problema no está solo en el Gobierno o en la administración

pública sino en la sociedad en su conjunto. Esta es una breve reseña de una propuesta que fue entregada a la Comisión de Integridad formada fue por PPK. El miedo continúa en la sociedad en su conjunto por lo que es cada vez más necesario que el Estado y el gobierno se fortalezcan. Salvo mejor opinión.