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El año se cierra con un estruendoso ruido político a raíz de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a altos funcionarios de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. El Ejecutivo ha tomado cartas en el asunto para ejercer toda la autoridad que le corresponde y así luchar contra la corrupción.

Es evidente que esta lacra y la inseguridad ciudadana fueron los principales problemas en el 2016 y si no se actúa con un plan de acción serio y convincente, seguirán siendo obstáculos mayúsculos para crecer.

Existe la necesidad de dinamizar la economía el próximo año para que la gente eleve sus índices generales, pero principalmente para disminuir el profundo desnivel que existe entre las regiones de nuestro país.

En la última encuesta de Ipsos Perú, la mayoría de peruanos tiene como principales propósitos para el 2017 ganar más dinero y abrir un negocio. Sus deseos tienen que ver con lo económico. Una posición inmovilista del Gobierno con respecto a esta problemática significará defraudar las grandes expectativas de la población.

Hay que ejecutar urgentes reformas políticas, sociales y económicas que la gente exige porque votó por ellas. Las proyecciones se deben cumplir, el crecimiento económico debe ser de más de 5%, la inversión privada debe pasar de 17.7% a 20% y la inversión en infraestructura debe llegar a 6% del PBI. Solo así se habrá dado un gran paso. Sin embargo, esto no solo es trabajo del Gobierno, es también la responsabilidad de la labor de la gran diversidad política de nuestro país que debe derivar en procesos mayores de convergencia.

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