La mitad de septiembre y los primeros 47 días de gestión de Keiko Fujimori muestran que no estamos ante el mejor de los gobiernos, claro está, pero es indudablemente un Gobierno mucho mejor del que podría haberse esperado del esperpéntico Juntos por el Perú y de su nefasto líder Roberto Sánchez.

Sin duda, ante los varios aspectos cuestionables en la gestión del Gobierno, destaca la falta de un plan y una estrategia contra el problema más gravitante del país, que es la inseguridad ciudadana.

En medio de esa desorientación no se ha puesto el foco en el quid del problema: la forma en que el delito ha penetrado el Estado y se ha fusionado con él. La Policía es la institución clave en esta simbiosis maquiavélica y corrupta.

Pero el tema es también que en medio de la complejidad de una situación que pone en jaque el Estado de derecho y la viabilidad del país, igual que el terrorismo de los años 80, la sensación de unidad está tan cerca como los glaciares de Groenlandia.

La dimensión del problema es entendida por tirios y troyanos, pero precisamente por sus alcances devastadores, la oposición la usa como arma de ataque, desestabilización y enfrentamiento.

JP lidera ese pelotón de aniquilamiento inmisericorde y desmedido pero no muy lejos están Ahora Nación, Obras y el Partido del Buen Gobierno. Sus más nutridas ofensivas se valen de la artillería desestabilizadora de la inseguridad ciudadana y buscan con esa artera munición el rédito político efímero y funcional a sus primitivos intereses partidarios.

Lo que no deben olvidar estos hepáticos críticos es que si el Gobierno pierde esta guerra, en realidad, la perdemos todos.