En medio del ruido político de estos días ha pasado desapercibida una noticia muy importante: La ONU ha presentado un informe devastador sobre las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se llevan a cabo en Venezuela.

El exhaustivo reporte es producto de una investigación internacional independiente, encargada por el Consejo de Derechos Humanos. Tras revisar miles de casos y realizar cientos de entrevistas a víctimas, familiares y exfuncionarios, el reporte reafirma que los abusos cometidos en Venezuela califican como delitos de lesa humanidad. Se detallan especialmente numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales e incontables ejemplos de tortura. La lista de abusos es detallada y estremecedora: Persecución política, detenciones arbitrarias, masacres, desapariciones forzosas, violaciones sexuales, mutilaciones, etc.

Pero lo más importante de este informe es que concluye con sólida evidencia que estos abusos no son hechos aislados, sino que forman parte de una política estructural de violación sistemática de derechos humanos. Y establece por primera vez responsabilidades individuales, por acción u omisión. Según el informe, Maduro y los principales funcionarios de la dictadura no solo están al tanto de los crímenes, sino que los ordenan y coordinan.

Frente a este espantoso escenario, urge que el gobierno peruano reasuma su rol de liderazgo regional frente a la dictadura venezolana, impulsando acciones legales contra los implicados. Además, es necesario que toda latinoamérica le de una mirada más humana a las políticas migratorias para quienes huyen de ese infierno.

Los crímenes de lesa humanidad son tan graves que no solo afectan a la víctima directa, o a su comunidad cercana, sino a la humanidad en su conjunto. Tenemos el deber moral de reaccionar.