En pocos días, se decidirá la suerte del presidente Kuczynski, Nuevo Perú respeta la institucionalidad y el debido respeto, lo escuchará y decidiremos nuestra posición sobre vacarlo o no por incapacidad moral permanente.

Fuerza Popular, con apoyo aprista, pretende controlar el Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía de la Nación. Abusando de su mayoría en el Congreso, quiere así cubrir sus espaldas, cuando el escándalo Odebrecht destape supuestas responsabilidades de Alan García y Keiko Fujimori, esfumando sus pretensiones de ser presidenta.

La distinción entre negocios privados, inversiones y gastos del Estado no existió, durante los gobiernos de Alberto Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

Desde una visión mercantilista se asume como “normal”, se entra y sale, de empresas privadas a ministerios e instituciones del Estado; es necesario legislar para impedirlo.

La Constitución Política establece una función contralora del Estado débil y desaparece la planificación desde el Estado, deja la decisión de qué obras públicas construir, al privado y paga el Estado, con un marco legal contractual para las obras públicas que alienta la corrupción.

El proceso político de vacancia debe respetar al máximo el debido proceso. El presidente Kuczynski debe tener todas las garantías para ejercer su defensa y mostrar su descargo, todos debemos ser tratados por igual, pero el combate a la corrupción debe ser caiga quien caiga.