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Una suspensión de 120 días para la mentirosa congresista Yesenia Ponce es un premio a la impunidad de parte de la Comisión de Ética del Congreso de la República. Peor que Fuerza Popular se jacte de no blindar a nadie, cuando dicha bancada la salvó en una primera votación. Todo queda en manos del Pleno para que aprueben la decisión.

Sin embargo, de ahora en adelante cualquiera puede llegar a ser parlamentario, a pesar de que la valla para postular es más baja que cualquier empleo formal. Tener secundaria completa en estos tiempos no debe ser tan riguroso, pero, ojo, si no has pisado las aulas no hay problema, el Legislativo te espera.

Ponce, como cualquier otro mortal, debería caminar al desafuero inmediatamente y devolver todo lo que ha ganado como legisladora (más de dos años y medio). Esa plata nos corresponde, es de nuestros impuestos, así que, si nos ha engañado, lo mínimo que debe hacer es reintegrar lo nuestro. Tampoco creo que su producción parlamentaria valga lo percibido.

Urge un cambio en el reglamento para sancionar a los falsos políticos. No solo el candidato debería ser castigado, sino que su partido debe recibir una amonestación. En este caso, Fuerza Popular no puede eximirse de responsabilidad, menos cuando en una primera votación y con la mayoría en la Comisión de Ética la blindó con desparpajo.

Por la salud de nuestra política, Ponce debe ir camino a su casa. A la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no le queda de otra que mandarla de regreso a sus aulas, a buscar a sus compañeros de clase, a sus maestros, o lo que mejor le plazca, pero en el Parlamento no debe estar.

Ojalá que las otras agrupaciones políticas tomen este caso como un mal ejemplo a no seguir. Revisar bien a quién o quiénes reclutan para postular a un cargo público, no convocar a personajes que terminan estafando a sus propios votantes y menos poner en riesgo la disminuida credibilidad en la clase política.