Durante el primer semestre de 2023, mientras me desempeñaba como ministra de Transportes y Comunicaciones, el equipo responsable de la reconstrucción de infraestructura afectada por el Niño Costero de 2017 me informó de una situación que, en principio, resultaba contraintuitiva: el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) había retirado el financiamiento a la entonces Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Como consecuencia, esta entidad se encontraba impedida de transferir los recursos necesarios al MTC para continuar con la construcción de puentes en regiones como Ica, Arequipa y Áncash, entre otras.

La falta de recursos provocó más de tres meses de retraso en pagos a contratistas, generando el riesgo de paralización de obras y aumento de costos. En ese contexto, me correspondió asumir un rol incómodo pero necesario: insistir reiteradamente en el Consejo de Ministros para revertir la decisión. Tras meses de gestión, logramos restituir el financiamiento.

Este episodio reveló un patrón preocupante que se ha acentuado desde entonces. Desde 2023 (y probablemente desde antes), el MEF ha venido jugando con la “subejecución presupuestal”. ¿Qué significa esto? En términos simples, que la asignación de recursos depende cada vez más de lo que otras entidades del Estado no logran ejecutar a nivel nacional. Es paradójico: se exige ejecución al 100 %, pero se distribuyen fondos según lo que no se ejecuta.

Este relato revela que, el reciente recorte a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) no es un hecho aislado, ni exclusivo de los proyectos ejecutados como gobierno a gobierno, sino síntoma de un problema estructural en las finanzas públicas que evitamos reconocer.