La inestabilidad política acecha un día sí y otro también. Demasiados nombramientos de ministros, viceministros y altos funcionarios han generado cuestionamientos por ineficiencia, corrupción, violencia familiar o incapacidad. Después de varios meses de indignación masiva del Congreso emerge una excelente ley que acaba de ser promulgada por el Ejecutivo con el número 31419, para garantizar la formación y calidad de los designados para altos cargos. Ahora deberán contar con estudios superiores y años de experiencia general y específica y cumplir requisitos mínimos. Porque la designación y la remoción de altos funcionarios no puede ser arbitraria. Está de por medio la capacidad del Estado para responder a las demandas colectivas. Bienvenida una norma que pone por delante la calidad de quienes deberán enfrentar la peor crisis de nuestra historia, unidas la sanitaria y la económica. que ha dejado en la pobreza y el desempleo a cientos de miles de familias. Y es absolutamente irresponsable designar a quienes con toda seguridad serán incapaces de dirigir sectores e instituciones esenciales. Castillo Terrones hasta ahora ha errado al nombrar tres gabinetes y viene el cuarto en busca de la investidura congresal. Felizmente la ley promulgada también contiene impedimentos para evitar que lleguen personas con sentencia condenatoria, autoras o cómplices, por delito doloso o inhabilitadas por mandato judicial o destituidas de la administración pública por falta muy grave. Y la confianza tampoco significará carta blanca, los cargos que apelan a esta condición no podrán exceder del cinco por ciento del total de cargos previstos por la entidad, con un mínimo de dos y un máximo de cincuenta servidores de confianza. Y los que están en funciones, deberán adecuarse a los requisitos en treinta días. Veremos si pueden cumplir la ley o si será letra muerta. El desafío está en los dominios de Servir que debe reglamentarla en noventa días. Indudablemente el país merece y necesita mejores autoridades.