CUIDEMOS NO LLEGAR A LA XENOFOBIA EN EL PAÍS

En esta columna invocamos realismo político y fuimos de los primeros en solicitar que se declare el estado de emergencia migratoria en el país ante la alarmante cifra de venezolanos que ingresan al territorio nacional, principalmente por la ciudad de Tumbes, y también que una medida para detener el embalsado flujo migratorio -solo el 20% de los venezolanos que llegaron a Ecuador procedentes de Colombia decidieron quedarse en ese país- era exigir como requisito para ingresar al Perú contar con el pasaporte. No nos equivocamos, pues el Gobierno lo acaba de decidir. Ya sabemos que obtenerlo en Venezuela es una lotería. La medida fue seguida por otra casi inmediata, que corrige los tiempos para el trámite del Permiso Temporal de Permanencia de los venezolanos en el país reduciendo la entrega para aquellos venezolanos que ingresen hasta el próximo 31 de octubre de este año, y contando para la regularización del trámite hasta el 31 de diciembre del 2018. La medida, dictada por el Ministerio del Interior a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones, es acertada y revela que se está tomando el toro por las astas. No somos los únicos en adoptar restricciones. Lo han hecho durante este año, sucesivamente, Brasil, Colombia, Ecuador y Chile. Ningún venezolano que se encuentra apostado en el país podría creer que el Perú se ha vuelto indiferente o insensible con las recientes medidas. En las mismas circunstancias, si a ellos les hubiera tocado tomar decisiones, estoy seguro, hubieran actuado de la misma manera. Las medidas gubernativas no deben desencadenar otras, principalmente por la propia gente, que pudieran señalarnos como xenófobos. Eso debemos cuidar, y mucho. Los recientes signos en ese sentido vistos en la frontera del Brasil contra venezolanos, prácticamente haciéndolos correr de retorno al otro lado de la frontera como reacción por un desmán ocasionado por algunos venezolanos en el lado brasileño, son reprobables. Finalmente, los países son soberanos para dictar las medidas de seguridad que consideren, y por dictarlas no serán demandados ni sancionados, pues actúan conforme a sus intereses, siendo totalmente inoponibles.