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En el Congreso se debate si se acata o no la resolución del Tribunal Constitucional que dispuso el reconocimiento de nuevas bancadas.

Fuerza Popular, respaldada por el APRA, pretende no acatar esta resolución hasta que se pronuncie la Comisión de Constitución, presidida por Rosa Bartra, pronunciamiento que se espera desde agosto.

Ambas fuerzas quieren hacernos creer que las leyes y resoluciones del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional no son de cumplimiento obligatorio. Buscan desconocer la norma constitucional e incurren en delito a sabiendas, aunque todavía los respalde la inmunidad parlamentaria. La verdadera razón es que perderían la hegemonía en el Congreso, de la que hasta ahora abusan.

Ni el pleno del Congreso, ni alguna de sus instancias de dirección, puede someter a votación el acatamiento o no de las resoluciones del TC. Pese a que los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo, se vulnera la Constitución por el solo hecho de decidir votar por la aplicación o no de la sentencia del TC, aunque el sentido del voto no les acarree responsabilidad alguna.

Es responsabilidad de la presidencia del Congreso el cumplimiento de la Constitución y las leyes, pero también de cada parlamentario, y por eso resulta un absoluto contrasentido que siendo la función principal del Congreso dar leyes, estas no se cumplan a su interior.

Reconocer las nuevas bancadas es un avance en la democratización del Parlamento. Ahora corresponde estar a la altura de los retos en la reforma política que se necesita.