De “diezmos” y terroristas

Muchas veces he querido dejar de escribir sobre los personajes que, por culpa de todos nosotros, habitan en el Congreso. Criticar sus delitos, sinvergüencerías, bajezas, limitaciones, oportunismo y demás es como patear a un muerto. Sin embargo, siempre hay nuevos motivos para tratar lo que pasa ahí. Esta vez tenemos el caso de Jorge Castro, hoy integrante de Concertación Parlamentaria y, cómo no, el que protagoniza María Elena Foronda, del Frente Amplio.

Al primero de los mencionados se le está acusando de cobrar “diezmos” a sus trabajadores para pagar los gastos de su oficina parlamentaria ubicada en Tacna, algo muy grave si se tiene en cuenta que por un caso similar fue desaforado y enviado ante la Corte Suprema el exlegislador Michael Urtecho, quien resultó ser tremenda joya en el quinquenio anterior. Quitaba dinero a sus servidores y, como debía ser, fue sancionado drásticamente.

Son muchos los casos en que algunos malos legisladores han sido sorprendidos “apretando” a sus trabajadores para que compartan sus sueldos o entreguen “diezmos”. El legislador Castro ha dicho que se trata de aportes “voluntarios”, algo muy difícil de creer. ¿Usted, estimado lector, daría parte de sus ingresos que vienen del Estado para pagar los gastos de la oficina de un funcionario público? Los mensajes de WhatsApp son bastante claros.

Pero está también el caso de su colega María Elena Foronda, quien al parecer quiere ser salvada por un grupo de congresistas para que no la suspendan ni siquiera 60 días por meter a trabajar al Congreso a una feroz sentenciada por terrorismo. Y pensar que esos mismos legisladores rindieron homenaje, hace pocos días, a los comandos que liberaron a los rehenes del secuestro de la banda terrorista MRTA. Sí, ese es nuestro Poder Legislativo.

En el caso de Castro, debería haber una detallada investigación y, de comprobarse los hechos denunciados, la sanción tiene que ser la más drástica. Estamos hablando de un delito, no de una simple criollada. Si hablamos de Foronda, sigue siendo una vergüenza que luego de un año nos quieran decir que esta legisladora no merece un castigo, ni siquiera de 60 días de suspensión, por la bajeza de dar empleo a una emerretista que fue responsable de esos centros de tortura llamados “cárceles del pueblo”.