De “esencias” y discrepancias

El presidente Martín Vizcarra ha vuelto a mencionar ayer, en entrevista a Radio Exitosa, la posibilidad de recurrir a la Constitución y cerrar el Congreso si en el debate propio del trabajo parlamentario se altera la “esencia” de los proyectos de reforma política presentados por el Ejecutivo, los cuales, además, deberán ser aprobados hasta el 25 de julio, fecha en que terminará la presente legislatura, previa ampliación ya acordada.

Lo expresado por el Mandatario coincide con la salida a la luz de un proyecto alternativo de reforma que ha sido presentado por Fuerza Popular, y que colisiona con la propuesta original de Palacio de Gobierno. Ayer la vicepresidenta y congresista oficialista Mercedes Aráoz ha señalado que esta iniciativa de la bancada “naranja”, que en lo personal me parece bastante pertinente, quita la “esencia” al pedido original del Poder Ejecutivo.

Mientras el proyecto del Ejecutivo contempla que todos los ciudadanos participemos en las elecciones internas de las agrupaciones políticas para elegir a los candidatos a la Presidencia de la República y al Congreso, así como a los aspirantes a los gobiernos regionales y alcaldías, la propuesta del fujimorismo llevaría a que solo sufraguen en los comicios primarios los militantes de cada partido. Es un insumo para el debate, tal como lo hemos señalado ayer en Correo.

Iniciativas como estas no tendrían por qué ser tomadas como una pretensión de quitar la “esencia” a lo que plantea el Poder Ejecutivo. Simplemente estamos ante una alternativa que ojalá sea materia de debate, sin que de por medio haya una amenaza de cierre del Congreso. Palacio de Gobierno se equivoca si insiste en que sus planteamientos, tanto en materia de elecciones primarias como en otras, son infalibles, no sujetos a ser mejorados y escritos en piedra.

Es de esperarse que el 25 de julio próximo tengamos listas las reformas que tanto reclama el país, pero como producto de un debate propio del equilibrio de poderes y no como resultado de una amenaza o de la premura por aprobar cualquier cosa que luego tenga que ser corregida, como sucedió con el proceso de selección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que ha sido prolongado por 180 días, ante el fracaso inicial.