La violencia en el Perú ha empezado a tener un efecto perverso: ya no sorprende. Apenas hace unos meses, un ataque armado durante un concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos dejó dos heridos y desencadenó un terremoto político. La consecuencia más visible no fue judicial ni policial, sino política: la vacancia de la entonces presidenta Dina Boluarte. Con 123 votos, el Congreso decidió que la incapacidad para frenar la ola delincuencial era suficiente para desalojarla de Palacio de Gobierno.

Hoy el país vuelve a vivir una escena parecida, pero con una reacción radicalmente distinta. Hace pocos días, delincuentes detonaron un explosivo en la discoteca Dalí, en Trujillo, en plena presentación del grupo Amor Rebelde. El resultado fue devastador: más de 50 heridos, algunos en estado grave. Un acto demencial que debería haber provocado indignación nacional. Pero no. Esta vez el silencio ha sido más ruidoso que la explosión.

En medio de un mundo que observa con atención cada estallido en el Medio Oriente, lo ocurrido en el Perú también cruzó fronteras informativas. Sin embargo, dentro del país la reacción oficial ha sido casi inexistente. El presidente José Balcázar parece haberse evaporado en medio del humo. No hay liderazgo visible, no hay estrategia pública, no hay señales de que el Estado haya entendido la gravedad del momento.

Lo verdaderamente alarmante es la costumbre. El país ha pasado de la indignación a la resignación en cuestión de meses. Antes una explosión podía derribar a un gobierno; hoy apenas produce un comunicado tibio y unas cuantas horas de titulares.